La sentencia del alto tribunal, tal y como explicó ayer en rueda de prensa el letrado José Luis Langa, representante en Canarias de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, se refiere a un deslinde que se aplicaba en Almería, más concretamente en Salinas de Gata, similar a algunos
núcleos urbanos de Canarias afectados por la Ley de Costas, como Valle Gran Rey o Igueste.
Dicha sentencia estima que el expediente de deslinde de Salinas de Gata “incide en un vicio de nulidad de pleno derecho y, por tanto, conculca el artículo 9.3 de la Constitución Española, que impide que se apliquen las leyes con carácter retroactivo”. Este fallo, explicó el abogado, fue recurrido en casación por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ante el Tribunal Supremo, pero fue desestimado, lo que da “más firmeza” al veredicto de la Audiencia Nacional, resaltó Langa.
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